Tras la última reforma operada en el Código Penal, empresas y sociedades se ven obligadas a diseñar e implantar sistemas y políticas corporativas de prevención de comportamientos delictivos por sus empleados e incluso directivos, si quieren prevenir las nefastas consecuencias que supondría una condena penal a la propia persona jurídica.
Es obligado, por tanto, que empresas y sociedades implanten modelos de prevención de delitos para excluir, o al menos atenuar, su posible responsabilidad penal derivada de comportamientos delictivos, modelo que contará, al menos, con los siguientes elementos:
– Análisis de riesgos, en el que que se identificarán cuáles son los delitos de más probable aparición en la compañía, lo que además permitirá racionalizar el sistema de prevención.
– Establecimiento de protocolos y normas de conducta que concreten el proceso de formación de voluntad de la compañía, y de ejecución de decisiones.
– Establecimiento de un código ético y de conducta, de obligado cumplimiento para todo el personal de la compañía.
– Implantación del programa en todos los procesos de la compañía, a fin de que tomen conocimiento del mismo tanto directivos, como la totalidad del personal a su cargo.
– Implantación de medios efectivos de control, en atención a los concretos tipos delictivos que se quieren evitar.
– Implantación de instrumentos de detección de conductas ilícitas, y de un procedimiento disciplinario, con especial atención al respeto de los derechos de las personas que resulten investigadas.
– Asignación del responsable o responsables de supervisar el cumplimiento del modelo de prevención y su revisión.
El Tribunal Superior de Justicia Europeo se ha pronunciado sobre la abusividad de la Hipoteca Multidivisa. La sentencia es de vital importancia para todos los consumidores españoles que contrataron un préstamo multidivisa, ya que incide en la importancia de la transparencia en la redacción de las cláusulas de manera que el consumidor pueda prever las consecuencias económicas del préstamo. Lo realmente relevante para el consumidor es que el TSJUE valida una nulidad parcial del préstamo hipotecario, eliminando las cláusulas afectadas por el vicio de nulidad, y manteniendo la vigencia de las demás, ya que la nulidad total del préstamo sería perjudicial para el consumidor, en tanto se vería obligado a la devolución del capital prestado.